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El Proyecto Europeo de Apoyo a los Medios de Comunicación Independientes y la Lucha contra la Desinformación convoca una mesa redonda con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH en torno a los delitos contra el honor Panamá, 24 de junio de 2026 La utilización de procesos civiles y penales contra periodistas por presuntos delitos de injurias y calumnias —conocidos como delitos contra el honor— continúa representando una amenaza para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en América Latina. Con el objetivo de analizar este fenómeno y conocer las iniciativas impulsadas para despenalizar estos delitos, el Proyecto de Apoyo a los Medios de Comunicación Independientes y la Lucha contra la Desinformación en Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador, financiado por la Unión Europea, organizó el martes 23 junto a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), una mesa redonda sobre esta temática en paralelo a la 56.ª Asamblea General de la OEA. El encuentro reunió a 20 participantes de los cuatro países que integran el proyecto, entre ellos magistrados y jueces, representantes de defensorías del pueblo, diputados y exdiputados impulsores de reformas legislativas, académicos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y directores de medios de comunicación. Como punto de partida para la discusión, Giselle Boza, profesora y coordinadora del Programa de Libertad de Expresión (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica, y César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, presentaron un panorama regional que evidencia no solo el incremento de demandas civiles contra periodistas —que generan costos económicos y desgaste emocional—, sino también nuevas formas de regulación de la expresión en entornos digitales mediante normas sobre “odio”, “ciberdelitos” y otras figuras que podrían afectar expresiones críticas de periodistas y de la ciudadanía en general. Durante el diálogo también se destacó el caso de Costa Rica, que a inicios de 2026 reformó su Ley de Imprenta de 1902, eliminando sanciones que contemplaban hasta 120 días de arresto por injurias y calumnias. Sin embargo, los participantes coincidieron en que este avance aún no refleja una tendencia regional. En varios países persisten demandas contra periodistas y medios de comunicación por montos desorbitados que pueden comprometer la sostenibilidad de los medios y generar efectos inhibitorios sobre el debate público, promoviendo prácticas de autocensura.