Post by Carlos Trias Pinto

La bomba de la deuda venezolana (Reproduzco resumen del artículo de la economista experta Rosana Sosa) Tres jueces del Distrito Sur de Florida ya se pronunciaron con sentencias firmes: Alejandro Andrade Cedeño, extesorero nacional de Venezuela, aceptó haber recibido más de mil millones de dólares en sobornos; Abraham Edgardo Ortega, exdirector de planificación financiera de Pdvsa, admitió haber cobrado doce millones de dólares; Claudia Patricia Díaz Guillén, también extesorera, fue condenada por lavado de capitales y corrupción. Y en febrero, Raúl Gorrín Belisario, el operador que conecta a los tres, fue capturado en Venezuela. Es el punto de partida para la reestructuración honesta de la deuda venezolana, ya que los flujos que financiaron el servicio de esos bonos, y en algunos casos su propia emisión, transitaron por esquemas de blanqueo que han sido juzgados y sentenciados. Son, por tanto, nodos de una red documentada y activa que se extiende en veinte jurisdicciones (EEUU, España, Suiza, Panamá, Argentina, etc.) que, sumada a ocho obstáculos jurídicos estructurales que hoy pesan sobre el proceso de canje, es lo que decidirá si un bono nuevo nace ejecutable o nace impugnable. Estas veinte líneas de investigación convergen sobre el mismo universo de instrumentos que hoy se pretende canjear sin que medie una verificación de trazabilidad, algo perfectamente viable a través de las 164 unidades de inteligencia financiera del grupo Egmont, que cruzaría esos veinte expedientes contra el inventario de 24 bonos. En caso contrario, sucederá la conocida y dolorosa prolongación del proceso. Hay numerosos precedentes: Argentina tardó quince en volver a los mercados después de su default de 2001, financiando en el camino a fondos oportunistas que multiplicaron varias veces su inversión inicial gracias a litigios que se alargaron por falta de información. La parálisis es la materia prima del fondo buitre: mientras el país negocia a oscuras y los acreedores tradicionales esperan resignados, compran la deuda detenida a precio de remate y apuestan a que el litigio, no la negociación, les devuelva el valor completo. Pilar Cero propone una auditoría de trazabilidad a través del Grupo Egmont y, con esa información, conducir el proceso de reestructuración de deuda en estricto apego a las normas del derecho internacional aplicables a la prevención del blanqueo de capitales, con la participación del Fondo Monetario Internacional como garante técnico. Venezuela, un país que ha soportado décadas de deterioro institucional y económico, merece que cualquier solución a su deuda se construya sobre los pilares de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.